Dependencia, 3ª parte: Resolución de extinción

Hace unos días Inma recibió la siguiente notificación en su domicilio habitual:

Resolución de extinción de convenio especial

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a tramitar la extinción de oficio con fecha 31 de agosto de 2012 del convenio especial que tiene suscrito, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria decimotercera del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, al no haber procedido a solicitar el mantenimiento del mismo en el plazo indicado en la citada norma.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración / Director/a Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27)

Hoy, 3 de diciembre, las cifras oficiales reflejan una caída en el número de afiliaciones a la Seguridad Social superior a 200.000 en el último mes. De ellas, 150.000 corresponden a los cuidadores de personas con diversidad funcional que han sido objeto de una resolución de extinción del convenio especial que la Seguridad Social mantenía con el Sistema de la Dependencia.

Inma no figurará entre estas 150.000 personas, porque afortunadamente ella tiene un trabajo de 2,5 horas diarias, cinco días a la semana, como monitora de comedor escolar. Le gustan los niños y hace un trabajo excelente (lo sé, porque la oigo hablar mucho de ello y sé que no solo se esfuerza mucho, sino que ese esfuerzo lo hace con gran dedicación, responsabilidad e imaginación; de hecho se ha cambiado de colegio y sus antiguos alumnos siguen echándola de menos). Pero lo cierto es que no es el trabajo para el que se estuvo preparando durante años. Es el trabajo que la falta total real de posibilidad de conciliación familiar entre las obligaciones laborales y familiares le ha llevado a realizar al cabo de años de búsqueda. Desde que nació Daniel ha sido imposible encontrar un trabajo que respondiera a su formación como diplomada en Turismo, conocedora de cuatro idiomas.

En el caso concreto de Inma, la notificación ministerial le priva de alcanzar una cotización a la Seguridad Social equivalente a la jornada normal de ocho horas. Ella seguirá cotizando por su trabajo de dos horas y media diarias. Pero a Inma, como a otros centenares de miles de ciudadanos, las respectivas resoluciones de extinción les resitúan en la situación de discriminación e inferioridad en que ya estuvieron. La sociedad (no sólo su autoexigencia que nace del amor y la responsabilidad) les pide que se dediquen a atender a un colectivo especialmente vulnerable, pero a cambio les vuelve a excluir de la posibilidad de devengar con el tiempo unos derechos (en forma de pensiones de jubilación, por ejemplo), al que -de momento- sí tienen derecho otros ciudadanos que realizan otras aportaciones a la sociedad (Os recuerdo otro par de posts en el que ya hablábamos de todo ésto: Dependencia, 1ª parte: Cómo me las maravillaría yo y Dependencia, 2ª parte: el entorno familiar y responsabilidad social).  


La resolución de extinción no deja de ser un puntito cínica en su coletilla "al no haber procedido a solicitar el mantenimiento del mismo en el plazo indicado", ya que no añade que ese mantenimiento conlleva que Inma pagase de su bolsillo la cotización a la Seguridad Social. Bajamos la prestación económica a Daniel por su gran dependencia un 15%, pero el Estado supone que la economía familiar es tan potente como para pagar mensualmente la cotización a la Seguridad Social, y además potenciaremos el empleo contratando a un profesional para que ayude en el cuidado de Daniel ¡viva el mundo de yupi !


Pero aunque todo en el mundo y en la vida se reduce al fin a dinero, en realidad todo esto no es  solo una de cuestión de dinero. Se opta por rescatar bancos, negocio, no personas. Eso es así. Se le puede dar la vuelta dialéctica que queramos a este planteamiento. Podemos esgrimir argumentos sofistas en cuanto a los mecanismos que necesita mantener el sistema para funcionar. Todos los que queramos. La realidad es terca en sus consecuencias. Y quienes con sus acciones y decisiones generan  dichas consecuencias están eligiendo. Se prefiere mantener el nivel de vida de los ricos y poderosos (que no han perdido prácticamente poder adquisitivo, que siguen aumentando sus fortunas, y no necesitan Seguridad Social); se prefiere mantener la bulimia especulativa del sistema financiero que es capaz de destripar a países enteros, que engrosa las fortunas de los adinerados, y simplemente expulsa de sus casas a muchos ciudadanos dependientes a la fuerza (digan lo que digan, es así, porque sino es la exclusión) del mismo sistema financiero (endeudados, no ciudadanos, somos). Se prefiere mantener los contratos  militares que significan deuda por decenas de años. Se acepta un modelo de Unión Europea que no era el que figura en sus orígenes; un modelo de colonialismo hacia los países del Sur, entre otras cosas.

No es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de modelo social. Y cuando digo modelo social, hablo sin más de dignidad. Porque la cotización por parte del Sistema de la Dependencia a la Seguridad Social de los cuidadores no era solamente una cuestión económica. Era eso: era el reconocimiento de que su trabajo es tan digno como cualquier otro, tan importante como cualquier otro, tan necesario a la sociedad como cualquier otro. Era apartarnos del modelo de la simple caridad, y empezar a fundar un modelo de equidad social, de corresponsabilidad social, de civilización que cumple la básica motivación generadora de toda agrupación humana : la mutua protección. Era empezar a funcionar como una sociedad madura, equilibrada.

Ya no.